El decreto sobre TDT anunciado hoy por Industria contradice la legalidad vigente

El borrador del Real Decreto de TDT de pago que el Ministerio de Industria ha presentado al Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (CATSI), órgano consultivo dependiente del propio Ministerio, es contrario a la legislación de contratos del Sector Público, que regula las concesiones de las sociedades privadas de televisión terrestre, analógica y digital.

El marco normativo de las concesiones de  las distintas cadenas nacionales es diferente y está regido por unos pliegos de bases singulares. El concurso al que se presentaron Antena 3 TV, Telecinco y Sogecable no exigía ninguna modalidad de emisión, mientras que aquellos a los que concurrieron VEO (El Mundo), NET (Vocento) y La Sexta, imponían obligatoriamente la emisión en abierto.

La doctrina del Consejo de Estado y del Tribunal Supremo es concluyente sobre este extremo. La modificación de los contratos administrativos de los diferentes operadores debe ajustarse a procedimientos legales, que no se contemplan en esta modificación.

Esta reforma improvisada es el colofón a una serie de cambios normativos (decreto ley de concentraciones y anteproyecto de financiación de la televisión pública) que sólo favorecen a unos operadores audiovisuales, los de la televisión terrestre, en perjuicio de los operadores de satélite, cable y ADSL.     

La intención del Ministerio de Industria de reglamentar por decreto los servicios de pago en la Televisión Digital Terrestre (sistema de acceso condicionado), conculca pues la legalidad, no responde a ninguna demanda social y pone de relieve la política clientelista de ese departamento. La TDT de pago puede constituir una aportación positiva al modelo general de televisión, pero sólo si se establece en el plazo y por los mecanismos adecuados, en este caso una ley aprobada en Cortes. La política del Ministerio de Industria contradice la promesa hecha por el presidente del Gobierno en las dos últimas legislaturas de presentar una Ley Audiovisual que regule adecuada y razonablemente el sector. PRISA y Sogecable recurrirán ante los tribunales cualquier medida reglamentaria como la anunciada hoy por Industria.