Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica, en el Foro Cinco Días

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, participó el jueves en un foro organizado por el diario económico Cinco Días. Ribera apuntó que la prioridad de su departamento es la descarbonización de la economía española y que para ello necesita que el sector privado asuma que es un buen negocio. En su participación en este foro, patrocinado por Endesa e Ibercaja, la ministra aseguró que los riesgos climáticos ya forman parte de las decisiones de inversión y desinversión de las empresas. 

Y para tratar de concienciar a las empresas, especialmente a las más grandes, Ribera tomó como ejemplo a seguir la legislación francesa, muy exigente con las empresas para que informen de manera periódica sobre los riesgos ambientales que generan sus actividades. De esta manera, la idea que maneja el Ministerio para la Transición Ecológica es incluir en la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica, cuya tramitación estará culminada antes de final de año, la obligación de que las empresas cotizadas presenten esos informes detallados de los riesgos que el clima genera en su actividad y de la huella de carbono que genera la misma. “El sector financiero y las empresas cotizadas obligatoriamente deberán analizar su huella ecológica o de carbono y acometer medidas para reducirla, o bien, para crear etiquetas verdes para que la sociedad conozca de forma clara y detallada los criterios de sostenibilidad de las empresas, dada la escala del desafío”, apuntó durante su intervención.

En paralelo a esa información exhaustiva que tendrán que aportar, en especial las sociedades cotizadas, el Banco de España también asumirá nuevas responsabilidades en la lucha contra el cambio climático, ya que estará obligado a realizar informes periódicos sobre el estado de la economía española, sus vulnerabilidades, riesgos y fortalezas frente al cambio climático. Desde el Ministerio para la Transición Ecológica precisan que los informes de las empresas y del Banco de España deberán ser vitales para el diseño de sus estrategias de negocio y un reflejo de si se están haciendo los deberes en materia de lucha contra el cambio climático.

Además, la ley contemplará la inclusión de criterios verdes obligatorios en la contratación por parte de las administraciones públicas y el impulso a una reforma fiscal que avance en la fiscalidad ambiental en España, cuyo primer hito podría ser el impuesto al gasóleo, para igualarlo con el de la gasolina. Toda esa información permitirá a la Administración conocer el peso que las grandes empresas tienen en la emisión de gases contaminantes, pero al mismo tiempo el Ejecutivo es consciente de que necesitará el músculo financiero del sector privado para acometer las inversiones necesarias para culminar la descarbonización de la economía española.

La ministra para la Transición Ecológica estimó que las necesidades de financiación que deberían aportar las empresas se situarán en torno a 100.000 millones de euros de aquí a 2030, “solo para cuestiones asociadas a energías renovables y eficiencia”, a los que añadió otros 83.000 millones de euros adicionales en materia de energía circular. “Existen oportunidades de inversión, pero las mismas requieren de la participación activa de los inversores, es decir, se necesitan vehículos que articulen esta participación”. En su opinión es fundamental que la puesta en marcha de políticas públicas haga esto “viable” y asegura que los dos instrumentos fundamentales serán, precisamente, la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. “Queremos facilitar una señal clara, contundente, pero también respaldada por el conjunto de la sociedad, que guíe decisiones empresariales y oriente a los reguladores con competencia en los distintos sectores que pueden regular”, remarcó.

Tanto la reducción de emisiones como las inversiones servirían para que España cumpla los compromisos pactados con Bruselas. La economía española se ha comprometido a reducir en 2030 un 20% las emisiones de CO2 con respecto a los niveles alcanzados en 1990, algo que no parece fácil teniendo en cuenta la falta de progresos en esta materia. Fue la propia Ribera quién recordó ese incumplimiento. “España fue de 2014 a 2017 el país de Europa que más aumentó las emisiones de gases de efecto invernadero, y sólo en 2017 crecieron un 4,4 % con respecto al año anterior”, recalcó la ministra de Transición Ecológica, que recordó que el objetivo del 20% en 2030, “supone reducir a un tercio las actuales, por lo que son necesarias, decisiones del hoy y ahora mismo porque 2030 es pasado mañana”.

Y en ese camino de descarbonización pueden quedarse atrás muchas empresas y empleos ligados a actividades contaminantes, como el carbón. Consciente del impacto en comarcas rurales, Ribera garantizó que este proceso se deberá impulsar sin traumas para la evolución que todo esto puede suponer para las familias. “Será una estrategia de transición para los colectivos vulnerables y facilitando nuevas oportunidades a las comarcas sin alternativas”, dijo.